Junio 6, 2017
La próxima semana se firmará el convenio con el gobierno nacional para la implementación del programa en la provincia. En una primera etapa llegarán 50 unidades, de las comúnmente llamadas 'tobilleras'.
Se presentó en Neuquén el Programa de Asistencia de personas bajo vigilancia electrónica desarrollado desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El sistema será implementado en la provincia tras la firma del convenio respectivo, que se concretará la semana próxima. Esto convertirá a Neuquén en la doceava provincia que se suma a la federalización de esa modalidad.
Esta concreción surgió por un acuerdo al que llegaron el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro nacional de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, a fin de que en Neuquén se cuente con estos dispositivos electrónicos para arrestos domiciliarios, comúnmente denominados 'tobilleras'.
Encabezaron la actividad el subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia, Juan Pablo Prezzoli y la coordinadora del programa dependiente de la dirección nacional de Readaptación Social, Mariel Viladrich, quien realizó una exposición sobre el sistema que fue transmitida por videoconferencia a dependencias judiciales del interior de la provincia. Participaron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, Elosú Larumbe; el fiscal general José Gerez; jueces, fiscales y defensores.
'Va a permitir cumplir con la Ley de Ejecución Penal. Quienes reciban el dictado de una medida de prisión domiciliaria van a poder contar con este dispositivo que se traduce en mayor seguridad, modernización del Estado, optimización de los recursos y respeto a derechos y garantías cuando se dictan estas medidas', explicó Prezzoli.
Por su parte, Viladrich destacó que la clave del éxito en la ejecución del programa radica en la articulación institucional. 'La articulación entre todos los actores implicados en la implementación de los arrestos domiciliarios con monitoreo electrónico, la comunicación entre el ministerio, entre el Poder Judicial y organizaciones que trabajan con personas que están en conflicto con la ley penal, es lo que hace que esto funcione', aseguró.
El objetivo del programa es posicionar al arresto domiciliario como una alternativa cierta a la prisión. A su vez, se presenta como una colaboración con el Poder Judicial mediante la evaluación de las condiciones técnicas de viabilidad para la implementación del dispositivo electrónico, garantizando la intervención psicosocial.
'Estos programas responden a una política de Estado. El Ejecutivo nacional diseñó este programa que se brinda al Poder Judicial como una herramienta más para tener control sobre la ejecución de la pena', comentó Gerez.
La medida busca también la promoción en el acceso a los derechos de las personas y mejorar las condiciones de vida de quienes cumplen con arresto domiciliario. Esto busca mitigar el impacto negativo del encierro y contribuir a la reinserción social.
La formulación del programa responde en lo legislativo a estándares de índole no sólo nacional, sino también internacional. En este contexto y, según establece el Código Penal, la implementación está dirigida a quienes cuenten con un perfil plausible de aplicación de prisión domiciliaria. Para determinar esta aptitud, se realiza una evaluación de viabilidad entre un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales, entre otros, quienes elevan un informe al juzgado pertinente, donde se decide la incorporación o no del dispositivo en el solicitante.
Entre las condiciones de infraestructura de vivienda requeridas para la instrumentación, es básica la conexión a sistema de luz, conexión telefónica por cableado o línea de celular. En caso de no contar con estos requisitos, desde la parte solicitante puede presentarse un domicilio alternativo.
En 2015 empezó a aplicarse el programa en Buenos Aires. Ya fue instrumentado en once provincias y está próxima a incorporarse Neuquén como doceava. Hasta el momento fueron colocados 429 dispositivos, de los cuales 316 están activos y los restantes 113 llegaron al fin de su uso por supervisiones y suspensión. A la vez, hay 1.410 dispositivos en convenio con diferentes provincias y Neuquén recibirá un total de 50 en la primera etapa de implementación.
Información extraida de Neuquén InformaÂ
