Agosto 27, 2014
El Gobierno provincial pagó indemnizaciones a personas cesanteadas durante la última dictadura militar. También se entregaron las resoluciones que los incorporan al Registro Provincial de Reparación Histórica.
El Auditorio de Casa de Gobierno fue escenario ayer de un acto de reparación histórica que realizó la provincia a favor de quienes resultaron perseguidos laboralmente durante la última dictadura militar. En el acto se pagaron indemnizaciones a los agentes de la Administración Pública Provincial que fueron obligados a renunciar; que fueron cesanteados por la Ley 939 o que resultaron exonerados de sus funciones entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
La indemnización se pagó según lo establecen los artículos 1º y 9º de la Ley Provincial 2.865. Además, se entregó a los beneficiarios la resolución ministerial que los incorporó en el Registro Provincial de Reparación Histórica.
El acto contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Educación y Justicia, Zulma Reina, y de diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales José Russo, Manuel Fuertes, Darío Mattio y Fernanda Esquivel Caliva, quienes trabajaron en la Ley 2685. También estuvo el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan Ignacio Guaita; y en la entrega de reconocimientos se sumó el vocal del CPE Marcelo Guagliardo.
“Estamos aquí para resarcir a aquellos que por sus ideas, militancia o por pensar distinto fueron cesanteados de sus lugares de trabajo, por causas políticas”, señaló la ministra Reina y agradeció el trabajo de los legisladores que impulsaron el reconocimiento histórico y a la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que llevó adelante los trámites para poder efectivizar el reconocimiento.
En diálogo con la prensa, informó que la indemnización equivale a 30 salarios mínimos, vitales y móviles, que representan unos 103 mil pesos. Durante el acto de hoy, el reconocimiento se entregó a 63 personas. “Era una deuda de la democracia”, sintetizó.
Fue un acto emotivo, en el cual muchas de las personas reconocidas se expresaron. Tal fue el caso, por ejemplo, de Jorge José Martín, quien visiblemente emocionado dijo: “Tengo el privilegio de estar vivo. No tuvieron la misma suerte los detenidos en La Escuelita. ¡Que viva la Democracia!”.
Sara Garodnik, jubilada docente, expresó que “es un día espléndido, porque le estamos dando contenido a la democracia. Los sobrevivientes de esa noche negra sobrevivimos luchando. Nuestro homenaje a los que ya no están. Hubo luchadores del MPN, del PJ, de diferentes partidos. Hoy le podemos decir a las autoridades que cumplieron, y que esta es la democracia que queremos”.
El diputado del MPN José Russo, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, expresó que la aprobación por unanimidad de la Ley de Reparación Histórica “ha sido una de las decisiones más lúcidas de esta Legislatura”. “Tiene un efecto económico, pero uno moral, ético y de memoria, que es el más importante”, señaló y anticipó que en la comisión se aprobó un despacho que hace extensivo el beneficio a los herederos de los cesanteados.
Por su parte, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan Guaita, explicó que “fue un trabajo arduo: detrás de cada expediente veíamos historias tristes y muy duras”. Explicó que la tarea se sumó a los lineamientos planteados por la ministra Zulma Reina relacionados con memoria, verdad y justicia, como el acompañamiento a las víctimas de delitos en los juicios de lesa humanidad a través del Centro de Atención a la Víctima; señalizar el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”; y de la Comisaría 14 de Cutral Co.
“Este es un Estado reparador, lo hacemos con dolor por algo que hizo un Estado de no derecho, de facto. Pedimos disculpas en nombre de la democracia”, cerró.
Nota extraída de Neuquén Informa
